Desmantelan una red que organizaba matrimonios falsos para beneficios migratorios
HOUSTON, Texas. – Autoridades de inmigración desarticularon una red de fraude matrimonial a gran escala por la cual están acusadas 96 personas. Hasta el momento han arrestado a 50 de ellas quienes enfrentan un total de 206 cargos relacionados con diversos roles en un esquema de fraude matrimonial.
Nueve de ellos, se presentaron este lunes a una audiencia ante la magistrada de los Estados Unidos, Nancy Johnson. Las acusaciones se interpusieron el 30 de abril de 2019.
El anuncio fue hecho por el Procurador de los Estados Unidos Ryan K. Patrick, el Agente Especial de Inmigración Mark Dawson así como el Director de Distrito de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Tony Bryson.
“Estos arrestos marcan la culminación de una investigación exhaustiva que varias agencias realizaron durante todo el año sobre una de las mayores conspiraciones de fraude matrimonial jamás documentada en el área de Houston”, dijo el Agente Especial Mark Dawson.
Ashley Yen Nguyen también conocida como Duyen, de 53 años, es la persona identificada como líder de la organización con sede en el suroeste de Houston y tenía supuestos cómplices operando en todo Texas y Vietnam, país al que al parecer viajaban para buscar a los ‘clientes’ interesados en obtener un estatus migratorio en los Estados Unidos. La organización presuntamente operaba un esquema de fraude creando matrimonios simulados para obtener ilegalmente la admisión y el estatus de inmigrante para extranjeros en el país.
La acusación formal establece que los matrimonios que surgieron de esta organización eran falsos porque los cónyuges no vivían juntos y no tenían la intención de hacerlo, contrario a los documentos y declaraciones que presentaron al gobierno federal. Los cónyuges solo se reunieron brevemente, por lo general inmediatamente antes de obtener su licencia de matrimonio.
Le pagaban miles de dólares por casarse
La investigación reveló que cada cónyuge acordó con Duyen que pagaría entre 50,000 a 70,000 dólares para obtener la residencia permanente y tenía que pagar una cantidad adicional por cada beneficio de inmigración que recibía, como la admisión a los Estados Unidos, la residencia temporal y al momento de completar la residencia permanente.
Además, Duyen y otros involucrados reclutaron a ciudadanos de los Estados Unidos para que actuaran como solicitantes en los matrimonios simulados, y según la acusación recibieron una parte del dinero que pagaron los cónyuges beneficiarios. Varias personas que fueron reclutadas como peticionarios poco después se convirtieron también en reclutadores.
La organización criminal supuestamente preparó álbumes de boda falsos los cuales incluían fotografías para que pareciera que tuvieron una ceremonia y no un simple matrimonio civil. La acusación señala que proporcionaron información falsa sobre impuestos, servicios públicos y empleo para lograr que se aprobaran los formularios de inmigración falsos.
Un abogado está entre los acusados
Entre los acusados se encuentra el abogado Trang Le Nguyen, también conocido como Nguyen Le Thien Trang, de 45 años, residente de Pearland. Según los documentos federales, el abogado está acusado de obstruir e impedir la administración de justicia y manipular a un testigo, víctima o informante.
Nguyen supuestamente preparó los documentos de al menos uno de los matrimonios fraudulentos y le dijo a un testigo que proporcionó información a la policía para mantenerse con un perfil bajo y no participar en ningún viaje aéreo que pudiera alertar a las autoridades federales de su presencia.
Los cargos que enfrenta incluyen 47 de fraude matrimonial, 50 de fraude postal, 51 cargos de fraude de inmigración, 51 de declaraciones falsas bajo juramento en relación con el registro de extranjeros.
Además, le interpusieron cargos de conspiración para cometer fraude por correo, y manipulación de testigos, víctimas o informantes lo cual conlleva a una condena de hasta 20 años en una prisión federal.
Las autoridades resaltan que él casarse de manera fraudulenta para obtener un beneficio migratorio, es considerado un delito federal.
Written by Abelina Tavera